El nuevo modelo de justicia laboral enfrenta el reto de superar la resistencia natural a todo cambio, por lo que es importante trabajar en el diálogo social tripartita con representantes legítimos de los factores de la producción, señaló la Secretaria del Trabajo de Coahuila, Nazira Zogbi Castro.
Durante su participación en la edición 52 del Congreso Nacional de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes, la representante laboral coahuilense enumeró los principales objetivos que enmarca el Pacto Coahuila, que es referente nacional e internacional de la suma de voluntades para la recuperación económica y la estabilidad laboral.
Los ejes de la política laboral del gobierno que encabeza Miguel Ángel Riquelme Solís se basan en el fomento a la productividad, la competitividad y la estabilidad, de ahí la relevancia que toma la implementación del nuevo modelo de justicia laboral que pretende edificarse bajo el pilar de la conciliación y la impartición de justicia rápida y expedita.
“Es importante resaltar la gran apuesta que es la conciliación, por lo que el personal asignado a realizar estas conciliaciones deberá estar altamente capacitado en resolución de controversias, particularmente en el ámbito laboral”, argumentó.
“Es previsible que exista una resistencia al cambio, es por ello que resulta esencial socializar las bondades de la conciliación como forma idónea de solución democrática, eficiente, rápida y restaurativa, evitando así el retraso de los procesos”, abundó.
Para ello, la administración estatal gestiona la construcción de seis centros de conciliación que estarán distribuidos en la geografía coahuilense, para dar cobertura a las diferentes regiones económicas. Los centros estarán integrados por juntas de gobierno tripartitas para la correcta implementación de la nueva legislación, que entrará en vigor a partir de mayo del 2022.
La funcionaria refrendó los vínculos entre el Gobierno de Coahuila y la FNSI para el crecimiento económico en un entorno de paz social, democracia sindical y representación legítima de los derechos de las y los trabajadores y sus familias.