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Como es de su conocimiento, la pandemia provocada por la enfermedad COVID-19 ha llegado a un punto crítico en Nuevo León, debido al incremento en la ocupación hospitalaria que tiene al borde de la saturación al sistema de salud pública y privada.

Al día de hoy, se tiene una ocupación cercana al 90 por ciento de camas censables en los hospitales habilitados desde el pasado mes de marzo del 2020 para la atención de pacientes COVID-19 en Nuevo León. La disponibilidad de ventiladores alcanzó su nivel más bajo desde el inicio de la pandemia al tiempo que se alcanzan los niveles máximos de incidencias diarias que ya superan la cifra de 915 contagios.

La inminente llegada de nuevas cepas del virus Sars-Cov2 pronostica un aceleramiento en el índice de contagios y aumenta el riesgo de gravedad en personas que padezcan algún tipo de comorbilidad como diabetes, hipertensión, entre otras.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió un comunicado en el que destaca que el segundo año de la pandemia será más duro, debido al índice de propagación de la enfermedad en el hemisferio norte, donde además se han identificado variantes más infecciosas de la enfermedad, lo que aumenta el riesgo de colapso del sistema de salud, que sufre por la falta de espacios y el exceso de trabajo al que han sido sometidos doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras y demás personal hospitalario.

Es por ello, que el Comité Ejecutivo Nacional de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes (FNSI), se suma al llamado urgente del Consejo de Salubridad de Nuevo León para redoblar esfuerzos con el objetivo fundamental de reducir la tasa de contagios y prevenir el enorme riesgo de salud que representa a la comunidad.

Con seis de los 10 indicadores del Semáforo Epidemiológico de Nuevo León en color rojo, no podemos relajarnos en las medidas para reducir el riesgo de contagio.

Es de suma importancia enfatizar los cuidados preventivos en el hogar, el transporte público, centros comerciales, establecimientos y centros de trabajo, ya que en este momento no es posible garantizar la atención médica en clínicas y hospitales ante los niveles críticos de saturación del sistema de salud.

De nuestro comportamiento dependerá que el sistema de salud tenga la capacidad de atender a quienes sean víctimas de esta terrible enfermedad. Nuevo León no está exento de sufrir lo que otras grandes ciudades de México y el resto del mundo ha padecido: enfermos atendiéndose en hospitales improvisados o muriendo en los accesos a clínicas y centros de salud, aguardando por una cama que desafortunadamente está siendo ocupada por otro paciente.

No existe un sistema hospitalario que sea capaz de cubrir la atención médica de una comunidad indolente ante la pandemia. No hay personal de salud suficiente, recursos materiales, instalaciones y tecnología para brindar un servicio adecuado y oportuno para atender de forma simultánea a pacientes COVID-19 y al resto que día con día requieren de los servicios de salud para diversos tratamientos.

No nos equivoquemos, la única estrategia efectiva para salir delante de esta crisis sanitaria es la prevención.

La FNSI, a través de sus representantes sindicales, intensificará la supervisión de las medidas de seguridad e higiene en las áreas de trabajo de las empresas, para salvaguardar la integridad de las y los trabajadores, a quienes reconocemos su ímpetu para afrontar con decisión y profesionalismo estos momentos difíciles, honrando los valores de compañerismo, unidad y solidaridad que distinguen a nuestra clase trabajadora, permitiendo la operación de los sectores esenciales de la economía en tiempos de adversidad.

A las familias de nuestras compañeras y compañeros, les pedimos extremar las precauciones para reducir el riesgo de contagio, atendiendo las recomendaciones de la Secretaría de Salud para el lavado de manos, distanciamiento social, uso de gel antibacterial, cubrebocas, tapetes sanitizantes, entre otras.

Sabemos que aún falta mucho camino por recorrer, reconocemos que el proceso de aprendizaje ha dejado una estela de dolor y sufrimiento en miles de familias mexicanas, a quienes ofrecemos nuestras más sentidas condolencias. Es por ellos, y por el futuro de Nuevo León y de México, que debemos ser solidarios y atender las recomendaciones de la Secretaría de Salud para poder salir adelante de esta difícil prueba.

Cuidemos juntos nuestra salud.

Comité Ejecutivo Nacional

Federación Nacional de Sindicatos Independientes

En el 2017, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentó la “Recomendación número 205 de la OIT, sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia”. Tiene por objeto proporcionar orientaciones sobre las medidas para generar empleo a los fines de la prevención, la recuperación, la paz y la resiliencia con respecto a las situaciones de crisis provocadas por los conflictos y los desastres.

La recomendación tiene una fuerte dimensión de diálogo social y otorga un papel importante a los interlocutores sociales: reconoce el papel fundamental que desempeñan las organizaciones de empleadores y trabajadores en la respuesta a las situaciones de crisis, teniendo en cuenta el Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación y el Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva.

La recomendación prioriza la atención a los grupos vulnerables de la población, incorpora una sólida perspectiva de género y se centra en el papel de la educación y las competencias laborales como herramientas para el desarrollo.

Bajo esta premisa, la Federación Nacional de Sindicatos Independientes propuso en diversos foros con empleadores, trabajadores y autoridades, la construcción de un diálogo social basado en la interdependencia de los factores que integran el proceso productivo, teniendo como centro de la toma de decisiones a las y los trabajadores.

La pandemia ha evidenciado que la fuerza laboral es el eslabón más importante, pero a la vez el más frágil dentro de la cadena productiva, sobretodo aquellos trabajadores que carecen de una representatividad sindical, con precarización del empleo y carencia de condiciones mínimas para ejercer su profesión u oficio con la garantía de contar con servicios de salud, seguridad sanitaria y salario digno.

En México, alrededor del 14.5 por ciento de los trabajadores cuenta con representación sindical, de este número un alto porcentaje pertenecen a sindicatos de burócratas (trabajadores de la educación, salud, paraestatales, entre otros), y apenas un 0.2 por ciento del sector agropecuario está sindicalizado. Los sindicatos han logrado hacer frente a los retos que representa el impacto del COVID-19, peleando por mantener en la medida de las posibilidades lo establecido en los contratos colectivos de trabajo, impulsando el mantenimiento de las fuentes de empleo como objetivo principal que permita la reactivación económica desde la recuperación del ingreso en las familias.

En el Observatorio de la OIT: La COVID‑19 y el mundo del trabajo, la Organización Internacional del Trabajo aborda la urgente necesidad de establecer un diálogo social tripartita entre los factores que integran el proceso productivo (empleadores, trabajadores y gobierno) para fijar una hoja de ruta que no solo aborde el reto del COVID-19 en el corto plazo, sino fortalezca cimientos y establezca donde no los hay para el futuro del trabajo.

En su estudio plantea cinco retos fundamentales que deberán ser sujetos al desarrollo de un marco legislativo en cada uno de los países, para la reactivación, mantenimiento y sostenibilidad del mercado del trabajo:

En primer lugar, sigue siendo primordial armonizar y planificar las medidas en los planos político, sanitario, económico y social. La cantidad de contagios ha aumentado en todo el mundo, y ello ha llevado a muchos países a volver a aplicar restricciones en actividades económicas. La desacertada o prematura aplicación más laxa de las medidas de prevención sanitaria podría provocar una prolongación de la pandemia y, en consecuencia, agravar su incidencia en el mercado de trabajo.

En segundo lugar, es necesario que las medidas políticas que se apliquen estén en consonancia con los efectos adversos de la pandemia en el mercado de trabajo. La crisis provocada por la pandemia ha provocado la pérdida de horas de trabajo y de ingresos provenientes del mismo, y a raíz del aumento de las restricciones financieras, los encargados de la formulación de políticas deberán afrontar el reto de seguir aplicando medidas destinadas a mitigar el riesgo de que aumenten los niveles de pobreza, desigualdad, desempleo y exclusión. A tal efecto, será necesario prestar particular atención a la eficacia y la eficiencia de las inversiones que realicen.

En tercer lugar, es fundamental que las medidas políticas contribuyan a prestar el mayor apoyo posible a los grupos vulnerables más afectados, en particular, los migrantes, las mujeres, los jóvenes y los trabajadores del sector informal. La pérdida de empleo afecta en mayor medida a las mujeres que a los hombres. Por otro lado, el gran aumento del grado de inactividad pone de manifiesto que los encargados de la formulación de políticas tendrán que adoptar medidas de respuesta frente a las crisis específicas, en particular ayudas para garantizar los ingresos y fomentar los esfuerzos para facilitar a los trabajadores que retomen su empleo, a fin de evitar su marginación a largo plazo en los mercados laborales, y velar por que nadie se quede atrás.

En cuarto lugar, la brecha en materia de incentivos fiscales existente en los países emergentes y en desarrollo solo puede suprimirse si se fomenta la solidaridad internacional. Como se ha analizado en la presente edición del Observatorio, la mayoría de los países en desarrollo no han podido movilizar los recursos necesarios para respaldar las medidas políticas que han adoptado los países más ricos, lo que ha dado lugar a una gran brecha en materia de incentivos fiscales. Por último, en quinto lugar, el diálogo social sigue constituyendo un mecanismo pertinente y eficaz para facilitar la adopción de medidas políticas que permitan afrontar la crisis. Hasta que no se ponga fin a la pandemia, es necesario seguir fomentando el proceso de diálogo social que tuvo lugar al aplicarse las primeras medidas de respuesta frente a la pandemia, en particular habida cuenta de la complejidad cada vez mayor de los retos que deben afrontarse.

Las y los trabajadores mexicanos hemos demostrado, con hechos, que somos capaces de superar el enorme desafío que representa la epidemia del COVID-19 y sus repercusiones en la salud y la economía de nuestro país.

La reactivación económica se ha dado a pesar del alza en el número de personas muertas, que al cierre del 2020 rebasó el peor escenario que anticipaba el Gobierno Federal el pasado mes de marzo, fecha en que dio inicio la Jornada Nacional de Sana Distancia.

Es importante comprender que existe la urgente necesidad de establecer un diálogo social entre los factores que integran el proceso productivo, para crear una hoja de ruta que atienda la necesidad de mantener en marcha la economía, al tiempo de proporcionar a las y los trabajadores de las mejores condiciones para ejercer su profesión sin poner en riesgo su integridad.

Han sido meses difíciles, de un largo proceso de aprendizaje que no permite margen de error, en el cual el Comité Ejecutivo Nacional de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes ha aportado su experiencia de 84 años de gestión sindical para alcanzar acuerdos que permitan garantizar la integridad de miles de trabajadoras y trabajadores de sectores esenciales de la economía, y de forma paulatina, haciendo extensiva la protección y seguridad en el resto de los sectores productivos que se han visto beneficiados con la reactivación de la economía.

La experiencia que ha dejado el COVID-19 en el mundo del trabajo ha puesto en relieve la oportunidad para que las y los trabajadores comprendan la importancia que tiene el contar con una legítima representación sindical, moderna y capacitada, que esté a la altura de la fuerza de trabajo de nuestro país.

Los trabajadores adheridos a una organización sindical han logrado sortear con mayor solvencia los retos que ha arrojado la pandemia en el mercado laboral. Es tarea de los sindicatos mantener esta línea mediante el diálogo y la conciliación, ya que es la única vía para retomar el camino del desarrollo con unión, paz y justicia social.

Sabemos que aún falta mucho camino por recorrer, reconocemos que el proceso de aprendizaje ha dejado una estela de dolor y sufrimiento en miles de familias mexicanas, a quienes ofrecemos nuestras más sentidas condolencias. Es por ellos, y por el futuro de México, que nos sumamos al llamado de la Organización Internacional del Trabajo a generar un diálogo social que nos permita absorber la experiencia internacional para el tratamiento de la pandemia desde el mundo del trabajo, conociendo las mejores prácticas con énfasis en generar propuestas de valor para afianzar un nuevo modelo de cultura laboral que sirva para que las próximas generaciones cuenten con las herramientas para hacer frente a crisis como la ocasionada por esta pandemia.

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Del 24 de diciembre y hasta el pasado martes 5 de enero, 48 mil 236 personas trabajadoras del sector Salud han recibido la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir COVID-19, y al cumplirse 21 días de la primera aplicación se les complementará el esquema con una segunda dosis, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.

Durante la conferencia de prensa para detallar la situación de COVID-19 en México, dijo que este es el inicio del programa de vacunación universal y gratuito en el que toda la población residente en el país será inmunizada de manera voluntaria para prevenir la enfermedad.

El subsecretario explicó que las vacunas que el Gobierno de México ha recibido en cada embarque desde el 24 de diciembre, se han aplicado al personal sanitario conforme a los lineamientos de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de COVID-19 en México.

López-Gatell detalló que los días 12, 19 y 26 de enero, nuestro país recibirá un total de 1.3 millones de dosis de vacuna de Pfizer-BioNTech (436 mil 800 dosis por embarque) para lograr la meta de vacunar durante este mes a la totalidad del personal de salud involucrado en la atención de COVID-19.

Reiteró que el plan nacional de vacunación atiende criterios epidemiológicos, por eso en la primera fase se aplica al personal de salud que atiende pacientes con COVID-19 en la Ciudad de México y Coahuila. Continuará en el Valle de México y hacia la periferia por ser la región del país que con mayor densidad poblacional y casos confirmados. 

El subsecretario recordó que la fase II de la política prevé vacunar a la población en general y para ello, el criterio de inmunización será conforme a tres ejes: la edad de las personas, la condición de comorbilidad y las prioridades territoriales, dependiendo del comportamiento de la pandemia.

El proceso de vacunación de las personas de 80 años o más comenzará en las zonas más apartadas del país, continuará con quienes habiten en áreas urbanas de mediano tamaño y las que residan en zonas urbanas con mayor densidad (con información de Gobierno de México).

Se espera que la economía mundial se expanda un 4 por ciento en 2021, suponiendo que la distribución inicial de las vacunas contra la COVID-19 (coronavirus) se amplíe a lo largo del año. Sin embargo, es probable que la recuperación sea moderada, a menos que los encargados de la formulación de políticas actúen con decisión para controlar la pandemia y apliquen reformas que aumenten las inversiones, según la edición de enero de 2021 del informe Perspectivas económicas mundiales que publica el Banco Mundial.

Aunque la economía mundial está creciendo de nuevo tras una contracción del 4.3 por ciento en 2020, la pandemia ha causado un gran número de muertes y enfermedades, ha sumido a millones de personas en la pobreza y puede deprimir la actividad económica y los ingresos durante un período prolongado. Las principales prioridades políticas a corto plazo son el control de la propagación de la COVID-19 y la garantía de una distribución rápida y amplia de las vacunas. Para apoyar la recuperación económica, las autoridades también tienen que facilitar un ciclo de reinversión destinado a lograr un crecimiento sostenible que dependa menos de la deuda pública.

Se estima que el colapso de la actividad económica mundial en 2020 ha sido ligeramente menos grave de lo que en un principio se había proyectado, debido principalmente a que la contracción de las economías avanzadas ha sido menos pronunciada de lo previsto, y a que la recuperación en China ha sido más sólida de lo anticipado. En cambio, las perturbaciones de la actividad en la mayoría de los demás mercados emergentes y economías en desarrollo fueron más graves de lo esperado.

Tal como se detalla en uno de los capítulos del informe, las perspectivas a corto plazo siguen siendo muy inciertas y todavía es posible que los resultados de crecimiento sean diferentes. En un escenario negativo, en el que los contagios sigan aumentando y se retrase la distribución de las vacunas, la expansión mundial podría limitarse al 1.6 por ciento en 2021. Por otra parte, en un escenario optimista, con un control exitoso de la pandemia y un proceso de vacunación más rápido, el crecimiento mundial podría acelerarse hasta casi el 5 por ciento.

Como ocurrió en el pasado con otras crisis graves, se espera que la pandemia deje efectos adversos de larga duración en la actividad mundial. Es probable que la desaceleración del crecimiento mundial prevista para el próximo decenio empeore debido a la falta de inversiones, el subempleo y la disminución de la fuerza de trabajo en muchas economías avanzadas. Si la historia puede servir de referencia, la economía mundial se dirige hacia un decenio desalentador en materia de crecimiento, a menos que los encargados de la formulación de políticas pongan en marcha reformas amplias que mejoren los elementos impulsores fundamentales para un crecimiento económico equitativo y sostenible.

Perspectivas regionales:

• Asia oriental y el Pacífico: 7.4 por ciento.
• Europa y Asia central: 3.3 por ciento.
• América Latina y el Caribe: 3.7 por ciento.
• Oriente Medio y Norte de África: 2.1 por ciento.
• Asia meridional: 3.3 por ciento.
• África al sur del Sahara: 2.7 por ciento.

En un esfuerzo por brindar apoyo en este difícil tiempo de pandemia, el Comité Ejecutivo Nacional de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes (FNSI), acordó con la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) extender el comodato para el uso del Hospital Santa Cecilia para atender a pacientes con COVID-19.

Mediante un comunicado, la delegación que encabeza Karla López López calificó como un logro el haber alcanzado un acuerdo para ampliar el comodato hasta mayo del 2021, lo cual se suma a los poco más de seis meses que el Hospital Santa Cecilia ha estado operado bajo los protocolos del IMSS, Institución encargada de hacer la reconversión a hospital Covid-19, para la atención de derechohabientes que han contraído la enfermedad.

Agradeció la solidaridad mostrada por la FNSI, quien desde el primer minuto de la pandemia ofreció las instalaciones del nosocomio para hacer frente a la pandemia. El Hospital Santa Cecilia cuenta con 70 camas censables, al momento 314 pacientes han sido dados de alta tras presentar una mejoría considerable.

Historias como la de doña Leonor, que a sus 97 años de edad luchó incansablemente para vencer a la enfermedad; o la de María Trinidad que venció al coronavirus tras permanecer 14 días intubada bajo la estricta supervisión del personal del Hospital Santa Cecilia, no hubieran sido posibles sin la visión del Comité Ejecutivo Nacional y el apoyo de más de 300 mil trabajadoras y trabajadores que hacen posible el dar todas las facilidades al IMSS para la operación del inmueble.

La FNSI reconoce el enorme esfuerzo de quienes laboran en las unidades médicas y hospitales del IMSS, quienes han ofrecido su capacidad, experiencia y vocación al servicio de toda la comunidad en este difícil tiempo, refrendando la grandeza del Seguro Social como pilar fundamental y orgullo de México.

Con el propósito de definir una hoja de ruta clara y precisa que siente las bases para la discusión y aprobación de la iniciativa de reforma en materia de subcontratación (outsourcing) y reparto de utilidades, el Gobierno federal, empresarios y representantes de organizaciones sindicales firmaron un documento conjunto para mejorar la propuesta que será enviada al Congreso de la Unión.

En evento celebrado en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el acto que pretende generar un consenso sobre la subcontratación, proceso por el que una empresa delega la administración de personal a un tercero experto en la materia.

El acuerdo signado en Palacio Nacional enumera cuatro puntos:

1. Las partes están de acuerdo y se comprometen a resolver el problema del abuso de subcontratación de personal.
2. El esquema de reparto de utilidades, en el marco de lo planteado por la iniciativa del Ejecutivo en la que no se podrá subcontratar personal, no ha quedado suficientemente definido ni socialmente debatido.
3. Ante la envergadura de la reforma y sus impactos operativos, las empresas solicitaron un plazo de tiempo para llevar a cabo este proceso.
4. Se hace un llamado a las empresas que manejan nóminas para que de inmediato dejen de desarrollar prácticas irregulares perjudiciales para los trabajadores como darlos de baja de manera masiva en diciembre.

El Secretario de Trabajo y Previsión Social de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes, Felipe Vázquez Tamez, firmó el acuerdo a nombre del Comité Ejecutivo Nacional ante el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde; como muestra de la disposición e interés de nuestra Institución por alcanzar una reforma profunda que garantice los principios de trabajo digno, decente y bien remunerado para las y los trabajadores del país.

La reforma, impulsada por el ejecutivo federal, pretende mejorar las condiciones laborales en México, otorgando certeza jurídica a millones de trabajadoras y trabajadores que se rigen por el modelo de subcontratación. Debido al impacto que habrá de generar en diversos sectores de la economía nacional, se acordó posponer la discusión parlamentaria para el próximo mes de febrero del 2021.

En cumplimiento a la Visión 2023 de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes (FNSI), que impulsa el reconocimiento nacional e internacional de nuestra Institución, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz de la República Mexicana celebró con éxito el proceso para la legitimación del contrato colectivo de trabajo en la empresa Dana de México.

Un total de 164 de los 184 trabajadoras y trabajadores sindicalizados atendieron la convocatoria emitida con base en las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, así como el numeral 9 del protocolo para la Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo Existentes.

Cumpliendo con las disposiciones de la Secretaría de Salud debido a la pandemia, las y los trabajadores acudieron a las urnas a emitir su voto personal, libre, directo y secreto a favor de la representación sindical, otorgando 161 votos para el sindicato adherido a la FNSI, por apenas tres votos en contra.

El proceso se llevó a cabo bajo la supervisión de personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el cual dio aviso a las partes del cumplimiento de todos los requisitos previstos en la normativa.

Dana de México es una empresa global, líder en soluciones altamente diseñadas para mejorar la eficiencia, el rendimiento y la sostenibilidad de vehículos y maquinaria motorizados. Fundada en 1904, Dana cuenta con presencia en más de 30 países y emplea a más de 30 mil trabajadores, los cuales se caracterizan por ser altamente competitivos y calificados, con reconocimiento en el sector de autopartes.

La FNSI felicita a las y los trabajadores agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz de la República Mexicana por su destacada participación en este ejercicio de democracia sindical, sumando más de 30 sindicatos adheridos a la FNSI que han cumplido con este importante proceso de legitimación, como parte de la reforma laboral que implementa el gobierno federal.