Mes: agosto 2022

La Junta de Gobierno del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) aprobó por unanimidad los Lineamientos Generales para los Procedimientos de Democracia Sindical, los cuales homologan criterios de actuación para que sindicatos, empresas y el propio Centro Federal Laboral tengan certeza en la organización, sustanciación y verificación de consultas sindicales.

No se trata de nuevas reglas y cargas, sino de una herramienta orientadora que conjuga las normas y requisitos para que los actores que intervienen en una elección sindical organicen, participen y vigilen los procedimientos de democracia sindical antes, durante y después de una consulta, expresó Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Al encabezar los trabajos de la Tercera Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno del CFCRL, la responsable de la política laboral, detalló que los Lineamientos señalan las formalidades que deben cumplir los sindicatos ante la autoridad y ante sus propios afiliados al organizar una consulta, así como las condiciones que deben reunir los lugares de la votación para que los trabajadores participen de forma libre, secreta y segura.

También, agregó, señalan las facilidades que pueden brindar los empleadores para que las consultas se realicen adecuadamente, sin que su participación resulte en una intervención indebida.

Luisa María Alcalde destacó el papel proactivo y protagónico de los verificadores del Centro Federal para garantizar elecciones limpias y seguras, ya que no sólo limitan su actuación a la mera observación durante la votación, sino que pueden acudir a la empresa de manera previa para constatar que las condiciones de la consulta sean óptimas, realizar entrevistas a las personas trabajadoras, difundir información sobre sus derechos y tomar medidas para prevenir y atender posibles violaciones a los derechos de libertad sindical y negociación colectiva. También se brinda certeza y transparencia a los procesos democráticos mediante reglas para la participación de observadores electorales sindicales en las consultas, así como recursos para que las y los trabajadores puedan inconformarse ante la autoridad ante la existencia de irregularidades en una elección.

En América Latina y el Caribe se han registrado importantes avances en la cobertura legal de las personas que realizan trabajo doméstico, pero la alta informalidad en este sector laboral y las dificultades para aplicar las leyes dejan a la mayoría sin ningún tipo de protección social, de acuerdo con un informe global difundido por la OIT.

El informe advierte que es mucho más baja la cobertura integral de protección social que incluya todos los beneficios, pero nuevamente, la proporción que registra América Latina y el Caribe, de 9.8 por ciento, está por encima del 6 por ciento global, y es la más elevada en el mundo en desarrollo.

Sin embargo, el informe global de la OIT destaca el alto nivel de incumplimiento de las disposiciones legales, que en el caso de esta región deja sin ningún tipo de cobertura de protección social a 64.6 por ciento de todos los trabajadores y trabajadoras domésticas. Esto equivale a 10 millones de los casi 15 millones de personas dedicadas al trabajo en el hogar remunerado.

En México, el artículo 334 de la Ley Federal del Trabajo establece la obligación del patrón de dotar a los trabajadores domésticos de seguridad social y otras prestaciones de ley.

Por otra parte, las mejorías en las condiciones de empleo de este sector son consideradas como un componente clave de los esfuerzos por lograr mayor igualdad de género en el trabajo en la región.

Más de 90 por ciento son mujeres, y esto significa que 13.8% de la población económicamente activa de mujeres en la región tiene un empleo en un hogar, de acuerdo con un informe publicado en 2021 por la Oficina Regional de OIT.

El aumento de la demanda de trabajo doméstico en la actualidad es el resultado entre otros, de la mayor participación de las mujeres en la población activa; las deficiencias en los servicios de cuidados prestados por el Estado; la mayor feminización de la migración internacional; los cambios demográficos; y las crecientes necesidades de cuidados a largo plazo.