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La Federación Nacional de Sindicatos Independientes (FNSI) reconoció el trabajo, dedicación, la entrega y compromiso hacia la institución de todas las mujeres que diariamente colaboran para que nuestra Institución brinde servicios de calidad a los más de 400 mil agremiados.

En evento celebrado en nuestras instalaciones, Roberto Granados Galván, integrante del Comité Ejecutivo Nacional, dirigió unas palabras a las presentes como agradecimiento por facilitar el trabajo de los asesores y hacer crecer su dedicación a la Institución, además de reconocer sus habilidades y su desarrollo dentro de la FNSI.

“El trabajo que desempeñan, facilitan las funciones de los asesores, agradezco a nombre del Comité Ejecutivo Nacional la dedicación que día a día ofrecen a todos los agremiados y las familias que acuden a solicitar cada uno de nuestros servicios que otorga la FNSI”, mencionó.

Entre los reconocimientos destacaron:

Hilda Vallejo Zapata, Jefa de Tesorería y Plan de Previsión, se le otorgó el reconocimiento por 20 años de servicio a la FNSI.

Jessica Luna Gutiérrez, Auxiliar de Tesorería, se le otorgó el reconocimiento por sus 15 años de servicio a la FNSI.

Ma. Blasa Becerra Villanueva, Encargada de Turno de Capillas San Nicolás, 15 años de servicio a la FNSI.

Por su parte, Cecilia Elizalde, jefa de Recursos Humanos de la FNSI, al referirse a las mujeres trabajadoras de la FNSI mencionó que representan “un gran ejemplo para las nuevas generaciones, además de ser referentes para los nuevos compañeros y compañeras que se van integrando a la Institución, por sus años de trabajo, servicio y desarrollo laboral”. Muchas felicidades por su labor.

El Senado de la República tomó la conversación para el análisis de una iniciativa para reducir la jornada laboral en México, de 8 a 6 horas diarias.

Con ello, nuestro país se une a la lista de naciones que analiza la factibilidad de reducir el tiempo que dedican las familias al trabajo, buscando un equilibrio entre competitividad, eficiencia y recreación, como parte de un modelo que avanza hacia la meta de Trabajo Decente que impulsa la Organización Internacional del Trabajo, como parte de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

La bancada de Morena en el Senado propuso legislar para reformar el artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo, bajo el argumento de que en nuestro país las familias invierten 2 mil 255 horas laborales al año, y un poco más de 43 horas a la semana.

Con la propuesta, la jornada de trabajo a la semana se reduciría a 30 horas. Además, plantea otorgar 15 días de vacaciones a partir del primer año de trabajo, con lo cual tendría que modificarse los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo.

En ese sentido, el Senado ya discute una propuesta de elevar a 10 el número de días de descanso a partir del primer año de labores. Actualmente, la ley establece 6 días de descanso por el primer año en el puesto de trabajo. Ambas propuestas ya fueron turnadas a la Comisión del Trabajo del Senado para su análisis.

Países como Chile, Colombia y España, discuten los beneficios y perjuicios de reducir por ley las jornadas laborales. Dos grandes preguntas surgen de forma inmediata: ¿al reducir las horas se reduce el salario? ¿menos horas significa menos producción?

Sin duda se trata de un debate interesante en que todos los factores de la producción deberán involucrarse, tomando en cuenta uno de los grandes aprendizajes que nos dejó la pandemia: las economías dependen de cadenas de suministros donde cada eslabón es igual de relevante, pero son los trabajadores la pieza fundamental que permite su funcionamiento.

A pesar de los esfuerzos por reducir la brecha de género en el entorno laboral, llevará más de un siglo alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. Según la investigación realizada por la consultora McKinsey (2018) el 13.4 por ciento de los puestos directivos en el país eran ocupados por mujeres.

La presencia de trabajadoras en los más altos niveles de una compañía creció sólo a 13.9 por ciento (2021). Sería hasta 2050 cuando lleguemos a 20 por ciento. Los datos son contundentes y reflejan la situación actual de las empresas en nuestro país, tendencia que es prácticamente imposible de revertir con el modelo actual.

Es muy importante implementar y llevar a cabo políticas que permitan acelerar la reducción de la brecha de género, la generación de políticas públicas ha favorecido a algunos sectores, como el político electoral, con la legislación que otorga un carácter obligatorio a la paridad de género en las candidaturas y conformación de Ayuntamientos y Congresos.

Colima es un ejemplo en la materia, pues el 63 por ciento de su administración pública central es dirigida por mujeres; seguido de Puebla, con 58 por ciento. En Chiapas y en Oaxaca el 56 por ciento de las secretarías e instituciones estatales son lideradas por mujeres. Por último, Nuevo León y Guerrero, con 52 y 50 por ciento, respectivamente.

Pero la realidad empresarial es diametralmente opuesta, ya que ahí las políticas públicas se topan con usos, costumbres e ideologías donde la mujer se mantiene relegada a puestos secundarios, roles complementarios y con poca movilidad ascendente en la cadena de mando. Aunado a ello, la pandemia generó un gran retroceso producto del aislamiento social y la pérdida de fuentes de empleo.

Incluso a pesar de las políticas públicas; el aparato gubernamental tiene una deuda mayor con las mujeres indígenas y afromexicanas, quienes carecen de instrumentos jurídicos eficaces para garantizar su participación en igualdad de circunstancias, y son objeto de discriminación y falta de oportunidades, volviéndose invisibles ante la sociedad.

Según McKinsey & Company en su estudio Women Matter México 2022, el 74 por ciento de las empresas en México tienen entre sus diez prioridades la diversidad de género, frente al 48 por ciento de las empresas en 2017. Actualmente, solo el 4 por ciento de las empresas indica que no incluyen la diversidad de género en su agenda estratégica, en comparación con el 9 por ciento en 2017. Pero aún no pasamos a los hechos.

Si bien existen políticas públicas y la implementación que algunas empresas han llevado a la práctica la aplicación de creación de oportunidades para que las mujeres obtengan cargos estratégicos de alta jerarquía y brindado oportunidades para realizar tareas que eran realizadas por los hombres, existe obstáculos que detiene el crecimiento de la brecha de género. Tanto para mujeres como para hombres aún prevalecen creencias sociales y prejuicios de género que continúan creando un contexto adverso para las mujeres en el ámbito laboral. Se ha logrado beneficios y se han dado pasos, pero el camino es largo y sinuoso para saldar la deuda con las mujeres mexicanas.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social arrancó la Feria Nacional de Empleo para la inclusión Laboral de la Juventud, con la oferta de 80 mil vacantes disponibles para jóvenes de todo el país.

A nivel nacional, se llevarán a cabo 63 ferias de empleo en la que casi dos mil empresas ofertarán vacantes destinadas a jóvenes mujeres y hombres, tales como: desarrollador de aplicaciones móviles; gestión de talentos; coordinación de medios; operadores, entre otros.

A la par de ello, las ferias de empleo promoverán talleres para buscadores de empleo; sesiones de trabajo con empleadores para brindar una mejor dinámica de los mercados laborales, selección y contratación de candidatos.

En el marco del Día Internacional de la Juventud, el Gobierno de Coahuila celebró la feria en la ciudad de Saltillo, contando con la presencia de autoridades laborales y sindicales, incluyendo a representantes de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes (FNSI).

Nuestra organización refrenda su compromiso con la promoción de plazas laborales que fomenten el trabajo decente, digno y remunerado, en condiciones de seguridad e higiene y con énfasis en el otorgamiento de prestaciones y seguridad social que garanticen el bienestar de los trabajadores y sus familias. 

En coordinación con el Gobierno del Estado de Coahuila y el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), se realizó la “Entrega de Certificados de Competencia para la Solución de Conflictos en Materia Laboral Individual” a servidores públicos del estado, con el fin de priorizar la constante capacitación y la transmisión de conocimientos.

En su intervención el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, apuntó que el certificado de competencia laboral se trata de un respaldo para las y los trabajadores, pues demuestra que tienen la capacidad suficiente para realizar acciones que den solución de conflictos en materia laboral individual, al tener la habilidad para aplicar técnicas y herramientas para llegar a acuerdos, como por ejemplo: preparación de una sesión, conducción de la misma y ofrecer conclusiones para el procedimiento de conciliación.

Rodrigo Castañeda Cerdán, director de Promoción y Desarrollo del CONOCER, en representación del Titular de CONOCER, Rodrigo Rojas Navarrete, resaltó el trabajo interinstitucional para hacer realidad este evento, señaló que, “este momento es el resultado de una extraordinaria sinergia, objetivos comunes y misma lógica”.

A partir de octubre de este año entrará en vigor la reforma constitucional de Decreto por medio del cual se reforma el artículo Quinto Transitorio de la Ley Federal del Trabajo, en materia de justicia laboral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2022, con lo que se espera certificar al personal de los Centros de Conciliación de todo el país.

La entrega de certificados realizada garantiza el saber ser y saber hacer de los mediadores en esta materia, al fomentar la cultura de la conciliación y priorizar el desarrollo de habilidades y destrezas por medio de un certificado oficial avalado por la Secretaría de Educación Pública.

La Federación Nacional de Sindicatos Independientes (FNSI) reconoce el esfuerzo del Gobierno de Coahuila por dotar a los servidores públicos de herramientas para la implementación de la reforma laboral, para brindar certeza a las y los trabajadores de contar con especialistas competentes y certificados en el nuevo modelo de justicia.

Tras anunciar en conjunto con el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que en septiembre arranca la construcción del acueducto El Cuchillo II, el Gobernador Samuel García Sepúlveda señaló que la obra se realizará por partes iguales; 50 por ciento el gobierno federal y estatal.

El importante anuncio se dio durante evento realizado en Palacio de Gobierno, con la presencia de actores de la sociedad de Nuevo León, entre ellos el Secretario General de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes (FNSI), Jesús González Cárdenas.

En su mensaje, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, detalló los alcances del Decreto Presidencial para garantizar el suministro de agua a Monterrey y la Zona Metropolitana.

También explicó que el 2 de septiembre iniciará la construcción del acueducto El Cuchillo II, que dotará a más tardar en 9 meses, de 5 mil litros por segundo adicionales de agua a la zona metropolitana.

Por otra parte, dijo que en 10 días deberán quedar las conexiones técnicas para tener acceso al agua concesionada en el Estado.

“Qué pedimos a la industria o a los agricultores, que nos ayuden y que podamos entre todos hacer las conexiones técnicas que se requieren para que a más tardar en 10 días pueda ya estar todo este reservorio de agua concesionada disponible para consumo humano”, detalló.

Se dio a conocer que la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de la Defensa Nacional ejecutarán la obra de El Cuchillo II; y Agua y Drenaje dirigirá la edificación del acueducto.

A un mes de entrar en vigor el nuevo modelo de justicia laboral, el Poder Judicial de Nuevo León aseguró que están listos para su implementación a través de los Centros de Conciliación y los Juzgados Laborales.

En su primer informe de actividades, el magistrado presidente José Arturo Salinas Garza, presentó el proyecto denominado “Ciudad Laboral”, predio de 9 mil metros cuadrados que albergará la sede definitiva de los Juzgados Laborales, los cuales dependerán del Poder Judicial de Nuevo León.

Detalló que, en conjunto con el Poder Ejecutivo, se presentó al Gobierno Federal el proyecto de justicia laboral para el Estado de Nuevo León, logrando un subsidio de 100 millones de pesos para su implementación, los cuales, a la fecha ya fueron recibidos y serán aplicados en partes iguales en la implementación de los Centros de Conciliación laboral dependientes del Poder Ejecutivo y en los Juzgados laborales, dependientes del Poder Judicial.

Explicó que, al analizar distintos modelos de operación con ayuda de expertos internos y externos, se concluyó que el modelo de juzgados administrados por una Gestión Judicial ofrece mayores ventajas, sobre un juzgado de administración tradicional o unitario.

Este esquema de trabajo utilizado en otras materias de manera exitosa, permite que el Juez pueda enfocarse en la labor jurisdiccional y auxiliarse con la Gestión en las actividades administrativas, logrando una mayor capacidad para atender los expedientes, atender audiencias y generar sentencias, privilegiando una justicia más expedita.

Agregó que se firmó un convenio con la Facultad de Derecho y Criminología de UANL, para capacitación y certificación en materia laboral. Todos los que formarán parte de los nuevos Juzgados Laborales han concluido con este programa inicial en el que se capacitó a un total 148 personas.

En su discurso explicó que se encuentran a la espera de que el Congreso del Estado discuta y apruebe la iniciativa de Ley Orgánica de los Centros de Conciliación Laboral, la cual sentará las bases para la operación del nuevo modelo de justicia en sincronía con la Ley Federal del Trabajo.

Nuevo León se integra junto a otras 10 entidades en la tercera y última etapa para la implementación de la reforma laboral, que tiene como uno de sus pilares la impartición de justicia laboral por medio del Poder Judicial, en sustitución de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

La Junta de Gobierno del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) aprobó por unanimidad los Lineamientos Generales para los Procedimientos de Democracia Sindical, los cuales homologan criterios de actuación para que sindicatos, empresas y el propio Centro Federal Laboral tengan certeza en la organización, sustanciación y verificación de consultas sindicales.

No se trata de nuevas reglas y cargas, sino de una herramienta orientadora que conjuga las normas y requisitos para que los actores que intervienen en una elección sindical organicen, participen y vigilen los procedimientos de democracia sindical antes, durante y después de una consulta, expresó Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Al encabezar los trabajos de la Tercera Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno del CFCRL, la responsable de la política laboral, detalló que los Lineamientos señalan las formalidades que deben cumplir los sindicatos ante la autoridad y ante sus propios afiliados al organizar una consulta, así como las condiciones que deben reunir los lugares de la votación para que los trabajadores participen de forma libre, secreta y segura.

También, agregó, señalan las facilidades que pueden brindar los empleadores para que las consultas se realicen adecuadamente, sin que su participación resulte en una intervención indebida.

Luisa María Alcalde destacó el papel proactivo y protagónico de los verificadores del Centro Federal para garantizar elecciones limpias y seguras, ya que no sólo limitan su actuación a la mera observación durante la votación, sino que pueden acudir a la empresa de manera previa para constatar que las condiciones de la consulta sean óptimas, realizar entrevistas a las personas trabajadoras, difundir información sobre sus derechos y tomar medidas para prevenir y atender posibles violaciones a los derechos de libertad sindical y negociación colectiva. También se brinda certeza y transparencia a los procesos democráticos mediante reglas para la participación de observadores electorales sindicales en las consultas, así como recursos para que las y los trabajadores puedan inconformarse ante la autoridad ante la existencia de irregularidades en una elección.

En América Latina y el Caribe se han registrado importantes avances en la cobertura legal de las personas que realizan trabajo doméstico, pero la alta informalidad en este sector laboral y las dificultades para aplicar las leyes dejan a la mayoría sin ningún tipo de protección social, de acuerdo con un informe global difundido por la OIT.

El informe advierte que es mucho más baja la cobertura integral de protección social que incluya todos los beneficios, pero nuevamente, la proporción que registra América Latina y el Caribe, de 9.8 por ciento, está por encima del 6 por ciento global, y es la más elevada en el mundo en desarrollo.

Sin embargo, el informe global de la OIT destaca el alto nivel de incumplimiento de las disposiciones legales, que en el caso de esta región deja sin ningún tipo de cobertura de protección social a 64.6 por ciento de todos los trabajadores y trabajadoras domésticas. Esto equivale a 10 millones de los casi 15 millones de personas dedicadas al trabajo en el hogar remunerado.

En México, el artículo 334 de la Ley Federal del Trabajo establece la obligación del patrón de dotar a los trabajadores domésticos de seguridad social y otras prestaciones de ley.

Por otra parte, las mejorías en las condiciones de empleo de este sector son consideradas como un componente clave de los esfuerzos por lograr mayor igualdad de género en el trabajo en la región.

Más de 90 por ciento son mujeres, y esto significa que 13.8% de la población económicamente activa de mujeres en la región tiene un empleo en un hogar, de acuerdo con un informe publicado en 2021 por la Oficina Regional de OIT.

El aumento de la demanda de trabajo doméstico en la actualidad es el resultado entre otros, de la mayor participación de las mujeres en la población activa; las deficiencias en los servicios de cuidados prestados por el Estado; la mayor feminización de la migración internacional; los cambios demográficos; y las crecientes necesidades de cuidados a largo plazo.